Jesús Aranda
Periódico La Jornada
Ayer se informó oficialmente que los 72 cadáveres encontrados el pasado martes en el ejido El Huizachal, del municipio de San Fernando, Tamaulipas, son de migrantes provenientes de Centro y Sudamérica, a quienes ejecutaron por la espalda. Muchos de ellos presentaban también el tiro de gracia. Los cuerpos estaban apilados y a la intemperie. Se presume que los autores son pistoleros del cártel de Los Zetas.
Informantes de este hecho dijeron a La Jornada que los agresores son integrantes de Los Zetas, y que asesinaron a los migrantes –a quienes tenían secuestrados– porque no les entregaron el dinero exigido para dejarlos libres y porque se negaron a formar parte de ese grupo delictivo.
En conferencia de prensa realizada en la Secretaría de Gobernación, el vocero del gabinete de seguridad, Alejandro Poiré, declaró que este asesinato masivo “de posibles migrantes indocumentados de diversas nacionalidades (mencionó El Salvador, Honduras, Ecuador y Brasil)” ocurre en el contexto “de una lucha encarnizada y sumamente violenta entre los cárteles del Golfo y Los Zetas, que anteriormente operaban de manera coordinada y cuya lucha interna, desde finales del año pasado, ha traído consigo un incremento sustancial de la violencia en el noreste del país”.
Puntualizó que “algunas organizaciones criminales han participado en el secuestro y extorsión de indocumentados centro y sudamericanos, y en algunas ocasiones, incluso, en el intento de su reclutamiento para formar parte de las bandas criminales.
“El hecho de que la delincuencia organizada esté recurriendo a la extorsión y al secuestro de migrantes como mecanismo de financiamiento, y en ocasiones de reclutamiento, sugiere –como han señalado algunos expertos– que algunas organizaciones están enfrentando una situación muy adversa para abastecerse de recursos y para reclutar voluntarios”, añadió.
Poiré apuntó que la violencia es resultado de la pugna entre los diferentes cárteles por el control de plazas en el territorio nacional, y también es muestra de que la actividad del Estado para combatirlos merma significativamente su capacidad de operación y sus recursos.
“Es por ello que la acción del Estado debe hacerse aún más firme, a fin de poder reducir al máximo sus capacidades para evitar actos lamentables como el que hoy nos convoca, y construir con el esfuerzo de los tres órdenes de gobierno y los tres poderes del Estado, las instituciones policiacas, ministeriales y judiciales que garanticen la seguridad de los mexicanos y todos quienes viven en territorio nacional”.
En la misma conferencia de prensa, representantes de la Procuraduría General de la República (PGR) y de las secretarías de Gobernación y de Marina externaron su condena a lo sucedido en Tamaulipas y se comprometieron a “ir hasta las últimas consecuencias” en la investigación.
Poiré pidió también “la condena unánime de la sociedad y de las autoridades” ante lo sucedido.
Redacción El Universal
Las autoridades municipales, estatales y federales han sido omisas y permisivas para que florezca la industria del secuestro de migrantes en México, asegura Mauricio Farah, quien fue el quinto visitador de la CNDH y encargado de coordinar la elaboración del Informe Especial sobre los Casos de Secuestro en contra de Migrantes.
Tras la masacre de 72 migrantes indocumentados —58 hombres y 14 mujeres— en un rancho del municipio de San Fernando, en Tamaulipas, organizaciones de la sociedad civil afirmaron ayer en un comunicado conjunto que esta matanza no es un suceso aislado, ya que han documentado y denunciado desde hace más de dos años y medio testimonios de migrantes plagiados.
Los centros de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y Fray Matías de Córdova, así como casas del Migrante y órganos pastorales y de jesuitas, indicaron que el secuestro de centroamericanos no sólo busca una remuneración, sino sometimiento a condiciones de explotación laboral y sexual.
Criticaron que el gobierno federal se haya limitado hasta ahora al envío de un informe a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el que intenta negar la dimensión de la tragedia. Al condenar los hechos, exigieron a Gobernación impulse una agenda de trabajo interinstitucional que termine con esta problemática.
Desde hace dos años, por lo menos, activistas han denunciado que policías y agentes federales del Instituto Nacional de Migración tienen una “clara colusión” con los grupos del crimen organizado que secuestran a migrantes centroamericanos en territorio mexicano.
En junio pasado, las organizaciones Belén Posada del Migrante, Humanidad sin Fronteras y Frontera con Justicia presentaron el “Sexto Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos de las Personas Migrantes en Tránsito por México”, en donde denuncian: “Las personas migrantes son altamente vulnerables a ser secuestradas en los municipios de fronterizos de Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros... El secuestro es sistemático y generalizado, sin importar edad, sexo y nacionalidad”.
Desde su quinto informe, elaborado en mayo de 2009, las organizaciones denunciaron que los secuestros son cometidos por Los Zetas.
“El Estado ha ignorado nuestras denuncias. Estamos hablando al aire y no hay ningún rostro institucional que volteé a ver la vida de migrantes. Estamos llenos de tristeza y coraje”, lamenta el sacerdote Pedro Pantoja, asesor de Belén Posada del Migrante y Responsable de la Pastoral Social y de Migrantes.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en su informe especial sobre Los Casos de Secuestro en Contra de Migrantes presentado en junio de 2009, alertó sobre la tendencia creciente de secuestros de migrantes y su correspondiente desatención por parte de las autoridades. El informe concluía que hasta 9 mil 758 migrantes, entre ellos al menos 57 menores, habían sido secuestrados en un periodo de seis meses entre 2008 y 2009.
(Con información de Evangelina Hernández, Thelma Gómez, Miguel Ángel Sosa y Elena Michel)
Alfredo Méndez
Periodico La Jornada
Integrantes de Los Zetas reclutan desde hace al menos un año a indocumentados que, en su intento por cruzar a Estados Unidos, son engañados u obligados a sumarse a las filas de ese grupo criminal, que mantiene una férrea disputa con el cártel del Golfo por el dominio de territorios en Tamaulipas y Nuevo León.
El “enganche de fichas”, como llaman los sicarios la búsqueda de personas para que formen parte de Los Zetas, comienza en los países de origen de los indocumentados. En un segundo punto continúa en territorio mexicano, en casas de ayuda a migrantes, en estaciones de autobuses, hoteles y estaciones ferroviarias localizadas en los estados próximos al Golfo de México.
“Nuestro trabajo es reclutar a migrantes para las filas de Los Zetas”, declaró Rico Pérez a los fiscales anticrimen. Agregó: “primero se les trae a México bajo el supuesto de que se les dará empleo aquí, con el fin de que junten su dinerito y luego se vayan a Estados Unidos”.
Sin embargo, una vez que llegan a Tamaulipas se les confina en casas de seguridad, donde son adiestrados en el manejo de armas y se les advierte que si no aceptan ser sicarios serán asesinados.
Ante esa situación, fuentes oficiales revelaron que el gobierno mexicano proyecta emitir una alerta a países de Centro y Sudamérica para que informen a sus connacionales sobre el riesgo que implica emigrar a Estados Unidos vía el Golfo México.
-FRAGMENTOS-
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