Mariana Norandi
Según estimaciones de la Secretaría de Salud (Ssa), en México ocurren alrededor de 120 mil violaciones al año, es decir, aproximadamente una cada cuatro minutos. De éstas, 65 por ciento son contra mujeres de entre 10 y 20 años, cuyos agresores pertenecen –en 70 por ciento de los casos– a su entorno social y familiar.
Según estimaciones de la Secretaría de Salud (Ssa), en México ocurren alrededor de 120 mil violaciones al año, es decir, aproximadamente una cada cuatro minutos. De éstas, 65 por ciento son contra mujeres de entre 10 y 20 años, cuyos agresores pertenecen –en 70 por ciento de los casos– a su entorno social y familiar.
La violación entre cónyuges está tipificada como delito sólo en 12 estados de la República, y según el Informe Nacional de Violencia y Salud, publicado por la Ssa en 2006, las agresiones sexuales son poco denunciadas por estigma y discriminación.
En cuanto a la distribución de estas quejas, las entidades con mayor número son el estado de México, el Distrito Federal, Veracruz y Puebla. Sin embargo, al calcular la tasa de ataques por cada 100 mil habitantes, destaca Quintana Roo, con una tasa de 47.9 por ciento, tres veces mayor al promedio nacional (14.74), seguida de Baja California (24.5) y Tlaxcala (23.4).
Datos de la Organización de Naciones Unidas señalan que México ocupa el sexto lugar mundial en este tipo de delitos, pero ninguna institución oficial cuenta con estadísticas sólidas acerca del número de abusos, y la mayoría de los estudios pocas veces distinguen la violación del resto de ataques sexuales.
A escala federal no existe estadística alguna que refleje los embarazos producto de ese delito en adolescentes. Sin embargo, estimaciones del Centro Nacional de Equidad de Género, de la Ssa, señalan que la posibilidad de gravidez por cada acto sexual violento sin protección es de 8 a 10 por ciento.
Pero así como no existen estadísticas claras que informen acerca de la dimensión del problema de la violación en México, en particular del embarazo entre adolescentes por ese delito, tampoco hay –según especialistas– una política que defienda la salud de las niñas y mujeres víctimas de ese ataque. Se sigue anteponiendo la protección del embrión al bienestar de la madre.
- FRAGMENTO -
La Jornada
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